Las amenazas impiden el regreso de familias a sus casas.

A las casas abandonadas por el miedo en San Gabriel se las está comiendo la manigua. En aquel sector de la vereda La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, se escucha más el ruido de una avispa que la de los pocos habitantes que residen en la zona que fácilmente se puede comparar con un ‘pueblo fantasma’ por cuenta de la violencia.

Pero ese panorama es el mismo desde hace más de un año, cuando las amenazas provenientes de ilegales derivaron en el desplazamiento de 21 familias. Desde mayo del año pasado se ha intentado frenar el éxodo y facilitar el retorno, pero desde entonces solo se ha posibilitado el retorno de 5 familias.

La de Gladys fue una de ellas, pero más que sentirse protegida por la presencia policial a ella, a su esposo y a sus dos pequeños hijos, les tocó regresar porque el dinero ya no les rendía para cubrir sus necesidades. “De tener un mejor empleo hace rato estuviéramos lejos, el miedo sigue y más aún al tener los niños. La Policía se mantiene ahí pero a la hora de la verdad no sirve de mucho si lo quieren matar a uno”, manifiesta la mujer.

Preocupación

De ahí la alerta de la Personería de Medellín, que ayer, junto a otros organismos como la Procuraduría, la Defensoría y la Acnur, recorrió la zona para evaluar la situación tras más de 15 meses de éxodo en la zona y determinar el porqué no todas las familias han decidido retornar. “Ya habíamos sostenido una reunión alterna y se había pedido a la Administración Municipal tomar medidas urgentes a las 16 familias que no han retornado al sector (...). Es responsabilidad del Estado asegurar la vivienda digna a estas familias, pues si van a retornar hay que darles las garantías de seguridad y si definitivamente no van a retornar, la Administración debe reubicar a estas familias”, manifestó el Personero.

Pero es claro que la zona ya fue evaluada con antelación por los organismos de seguridad, tanto es así que ya se había emitido un certificado garantizando la seguridad en la zona y prueba de ello son los dos puestos fijos de Policía que permanecen en la zona y la constante vigilancia por cuenta de la Policía Militar.

Otros miedos

Sin embargo, hay quienes dicen que la situación se está empeorando, y que serían algunos de los mismos retornados los que alterarían el orden público en la zona. “Yo he vivido acá unos 50 años y no me quise ir. Esto ha estado muy tranquilo pero hay pelaos ya que andan por ahí consumiendo vicio y molestando por ahí por las casas vacías”, precisó un habitante de la zona. Precisamente, ese tipo de quejas son analizadas por la Policía, que incluso ha hecho reseñas a algunos jóvenes de la zona, pero hasta el momento no se han determinado responsabilidades en cuando a su participación en acción ilegal alguna.

Estos jóvenes en cambio manifiestan que hay maltrato por cuenta de algunos miembros de la Policía, que en procedimientos de requisa al parecer han golpeado a varios de ellos, situación que fue expuesta ayer ante la Personería. Todo eso es materia de investigación, por ahora lo que se busca es determinar que las 16 familias que faltan por retornar tengan plenas condiciones de seguridad y permitir que regrese la vida a San Gabriel.